El 3 de mayo del 2000 en la ciudad de Guatemala, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) presentó una denuncia penal acusando al Alto Mando Militar del ex Presidente General Romeo Lucas García de cometer genocidio, otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra el Pueblo Maya de Guatemala. La Asociación está formada por un grupo Maya sobreviviente de masacres perpetuadas por el Ejército durante el conflicto armado interno del país.

Romeo Lucas es acusado junto a su hermano Benedicto Lucas García y Luis Mendoza Palomo, quienes ocuparon los cargos de Jefe del Estado Mayor y Ministro de la Defensa respectivamente. El caso se relaciona a 11 masacres, las cuales ocurrieron en 10 comunidades diferentes del país entre octubre de 1981 y marzo de 1982, en las que murieron más de 900 personas; otras fueron torturadas y violadas y miles fueron forzadas al desplazamiento interno o fuera de las fronteras para evitar el mismo destino. Evidencia forense de exhumaciones de cementerios clandestinos masivos existe para todas las masacres.