La primera condena por desaparición forzada en Guatemala constituye un importante hecho histórico gracias a la valentía de los familiares de los detenidos y desaparecidos de la comunidad de Choatalum, quienes aun teniendo como vecino de la aldea al victimario, vencieron el miedo y se organizaron para iniciar la lucha por la verdad y la justicia.
Las puertas de los tribunales de justicia se abrieron y esto dio el valor para que otros jueces y juezas se atrevieran a juzgar y condenar a los responsables de la desaparición forzada de algunas de las miles de personas que fueron víctimas de las fuerzas represoras del Estado guatemalteco, y de quienes sus familiares se resisten a olvidar.
La Corte de Constitucionalidad ha resuelto apegada a derecho en el primer caso por desaparición forzada juzgado en nuestro país, indicando que: “La desaparición forzada pudo haber iniciado con antelación a la norma que describe como ilícita penable, pero aquel carácter permanente recogido en el código penal supone que, en caso de persistir los hechos de desconocer el paradero de la victima, queda dentro del ámbito de la vigencia de la ley en tiempo. No importa si la norma fue legislada en el momento de iniciado
(el delito) sino que esté vigente…mientras no se conozca el paradero de la victima”.
Esto quiere decir que mientras no se conozca el paradero de la víctima, el delito de desaparición forzada, no termina, por el contrario, se sigue cometiendo día tras día. Es importante resaltar que el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango que condenó por primera vez este delito, se reconoció como parte de un pueblo que reclama la verdad y la justicia cuando consideró que: “tenemos una exigencia común de que se conozca como se actuó, pero también de que los actos criminales que se realizaron no queden impunes y no se vuelvan a repetir.”
La práctica de detener y desaparecer personas se constituyó como “un método de exterminio utilizado por agentes del Estado” con el objetivo de “desarticular o aniquilar organizaciones políticas, asociaciones gremiales y populares…; obtener información -a través de la tortura o la violación sexual-; castigar a las víctimas -y por intermedio de éstas a la familia, a la comunidad y a la organización, y finalmente propagar el terror por medio del ocultamiento del detenido y las amenazas frente a cualquier intento por conocer su paradero”. “…La mayor parte de las victimas según las conclusiones de la CEH, fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes…”
Guatemala, memoria del Silencio. CEH. Tomo II.
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