Sí es posible hacer justicia...

San Martín Jilotepeque, municipio del departamento de Chimaltenango, fue uno de los primeros lugares en sufrir la política de “tierra arrasada". Como parte de la estrategia militar, el Estado se propuso el control sobre la población que sobrevivió, concentrándola. Ahí los comisionados militares desde inicios del Conflicto Armado Interno, eran los ojos y oídos del destacamento militar más cercano.

Entre septiembre del 1982 y octubre de 1984, el comisionado militar de la comunidad de Choatalum, Felipe Cusanero Coj, quien en algunos casos actuó junto a elementos del ejército y patrulleros civiles, desapareció forzadamente a seis personas, maya Kaqchiquel, entre ellas una mujer joven:

• Filomena López Chajchaguin
• Lorenzo Ávila
• Alejo Culajay Ic
• Encarnación López López
• Santiago Sutuj y
• Mario Augusto Tay Cajti.

En junio 2003 un familiar de los desaparecidos interpuso una querella penal en Chimaltenango, a quien se unió como Querellante Adhesivo la representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, (FAMDEGUA), con la asesoría jurídica del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH y el respaldo, apoyo y acompañamiento en todo el proceso de los familiares de los seis desaparecidos.

Después de años de obstaculizarse el caso con recursos sin fundamento, el 07 de julio de 2009, la Corte de Constitucionalidad resolvió que no existe inconstitucionalidad alguna en torno al delito de desaparición forzada, lo que abrió la puerta al debate público del caso. El 31 de agosto de 2009 el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango condenó a Felipe Cusanero Coj a 150 años de prisión por la desaparición forzada de las seis personas.